Sentencia A. 2620/23

CONFLICTO APARENTE DE COMPETENCIA EN TUTELA-Las reglas de reparto no generan conflictos de competencia en materia de tutela

 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

 

Auto 2620 de 2023

 

Referencia: Expediente ICC-4521.

 

Conflicto de competencia suscitado entre el Consejo de Estado (Sección Tercera, Subsección B) y las Salas Civil y Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali.

 

Magistrado ponente:

José Fernando Reyes Cuartas

 

Bogotá D. C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitrés (2023).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de la prevista en el literal e) del artículo 5º de su Reglamento Interno, profiere el siguiente:

 

AUTO

 

I. ANTECEDENTES

 

1. El 31 de agosto del 2023, la señora María Eugenia Motato Hernández presentó, mediante apoderada judicial, una “acción de tutela que dirima conflicto de competencias”[1] en contra de la Sección Primera del Consejo de Estado, del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, y del Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Cali. Consideró que las accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la especial protección constitucional de las personas en situación de discapacidad, al mínimo vital y a la seguridad social[2].

 

2. La parte actora relató que, con anterioridad a la presente acción, promovió una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Ministerio del Trabajo[3]. En dicho proceso, mediante Auto del 2 de julio de 2021, el Juzgado Quince Administrativo de Cali declaró su falta de jurisdicción y remitió el asunto para su reparto entre los jueces laborales del circuito. Por lo anterior, refirió que el expediente fue asignado al Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Cali. La accionante sostiene que ese último despacho carece de jurisdicción y que se configuró la pérdida de competencia automática prevista en el artículo 121 del Código General del Proceso[4]. Por lo tanto, cuestiona las actuaciones surtidas en el proceso previamente mencionado.

 

3. El conocimiento de la acción constitucional le correspondió a la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, que mediante Auto del 4 de septiembre de 2023, concluyó que no era competente para resolver la tutela de conformidad con las reglas previstas en el Decreto 333 de 2021. Señaló que si bien la accionante mencionó a la Sección Primera de esa corporación y al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el escrito de tutela se dirigía realmente a cuestionar una presunta omisión del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca. Por lo tanto, dispuso la remisión de la solicitud de amparo al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, para su respectivo reparto[5].

 

4. El proceso fue asignado a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que a través de auto del 12 de septiembre de 2013, declaró su falta de competencia para resolver el asunto “por el factor funcional”[6], de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 333 de 2021[7]. Consideró que en realidad la accionante reprocha que el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Cali continúe con el conocimiento del proceso en el que funge como demandante. Por consiguiente, dispuso la remisión del expediente a la Sala Laboral del mismo tribunal, “por tratarse de una especialidad distinta a la de esta Sección”[8]. Agregó que, si en gracia de discusión se considerara que la peticionaria debate en su escrito las actuaciones del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, de cualquier modo el conocimiento de la tutela le correspondería a la referida Sala Laboral “por fuero de atracción”[9].

 

5. El 14 de septiembre de 2023, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali recordó que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, está prohibido que los jueces promuevan conflictos aparentes de competencia con base en reglas de reparto[10]. En consecuencia, concluyó que le correspondía a la Corte Constitucional dirimir la controversia porque esta involucra a jueces que forman parte de distintas jurisdicciones.

 

6. El 28 de septiembre de 2023, el expediente fue remitido al despacho del magistrado sustanciador.

 

II. CONSIDERACIONES

 

7. La Corte Constitucional ha reiterado que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela les corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996. En este sentido, la atribución de esta corporación para dirimir esta clase de controversias es residual y, en consecuencia, sólo opera en los casos en que la referida normativa estatutaria de administración de justicia no establezca la autoridad encargada de asumir el trámite, o en aquellos casos en los que, a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicación a los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela.

 

8. En el presente asunto, esta corporación está facultada para resolver la controversia porque las autoridades judiciales involucradas integran diferentes jurisdicciones. En tal sentido, aquellas carecen, desde una perspectiva orgánica, de una autoridad designada por la Ley 270 de 1996 para solucionar la colisión suscitada.

 

9. La Corte ha determinado que existen únicamente tres factores de asignación de competencia en materia de tutela: i) el factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde: (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se produzcan sus efectos^[11]; ii) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de: (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado en primera instancia a los jueces del circuito^[12] y (b) los órganos de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz^[13]; y, iii) el factor funcional, el cual implica que únicamente pueden conocer de la impugnación de la sentencia de tutela de primera instancia las autoridades judiciales que ostentan la condición de “superior jerárquico correspondiente”, en los términos establecidos en el precedente constitucional.

 

10. Ahora bien, según la jurisprudencia pacífica de esta corporación, las disposiciones contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificadas por el Decreto 333 de 2021, no constituyen reglas de competencia sino únicamente pautas de reparto de las acciones de tutela. Por lo tanto, dicha norma reglamentaria nunca podrá ser usada por las autoridades judiciales para declarar su falta de competencia. Esa forma de proceder se opone, principalmente, al derecho al acceso a la administración de justicia^[14]. En concordancia con el precedente constitucional, el referido decreto dispone que las reglas de reparto “no podrán ser invocadas por ningún juez para rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de competencia”^[15]. En esa medida, la Corte ha establecido que cuando “dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales”^[16].

 

11. Adicionalmente, este tribunal ha dispuesto que el reparto de los expedientes se debe realizar con base en la persona o entidad que aparezca como demandada en el escrito de tutela y no a partir del análisis de fondo de los hechos narrados por el accionante. Esto, debido a que tal estudio no procede en el trámite de admisión^[17]. Por consiguiente, no es aceptable ningún juicio de fondo superficial que realice la autoridad judicial con el propósito de establecer si un accionado tiene responsabilidad en la violación o la amenaza de los derechos fundamentales invocados, pues esas consideraciones atañen al objeto de estudio de la sentencia respectiva.

 

III. CASO CONCRETO

 

12. De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso se configuró un conflicto aparente de competencia[18] por los motivos que se exponen a continuación:

 

(i) La Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado consideró que no era competente para conocer la acción de tutela de la referencia, de conformidad con el Decreto 333 de 2021. Estimó que la solicitud de amparo no estaba dirigida a cuestionar actuaciones de la Sección Primera de dicha corporación ni del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En consecuencia, remitió el asunto al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali;

 

(ii) La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali argumentó que carecía de competencia “por el factor funcional”. Lo anterior, debido a que los reproches de la actora se encaminaban a controvertir el hecho de que el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Cali continuara con el conocimiento del proceso contencioso administrativo en el que aquella funge como demandante. Por lo tanto, estimó que debía asignarse el expediente a la Sala Laboral del mencionado tribunal;

 

(iii) La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali destacó que los jueces tienen prohibido promover conflictos de competencia con base en reglas de reparto.

 

13. Para la Sala Plena, tanto la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado como la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali acudieron a las reglas de reparto contenidas en el Decreto 333 de 2021 para abstenerse de resolver la solicitud de amparo. Además, realizaron un análisis acerca del fondo de la cuestión durante la etapa de admisión para sustraerse del conocimiento de esta acción constitucional. De esta forma, las referidas autoridades judiciales afectaron tanto la celeridad y eficacia de la administración de justicia como la protección a los derechos fundamentales de la accionante. Esto, pese a que esta Corte ha establecido que las reglas contenidas en los decretos que reglamentan el reparto de la acción de tutela no pueden ser usadas por el juez de tutela para declarar su falta de competencia.

 

14. En contraste, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali respetó y acató lo dispuesto en la jurisprudencia de esta corporación, en relación con la prohibición de suscitar conflictos de competencia con fundamento en reglas de reparto.

 

15. Con base en los anteriores criterios, la Sala Plena dejará sin efectos el Auto del 4 de septiembre de 2023 proferido por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, mediante el cual se abstuvo de avocar conocimiento del presente asunto. Por lo tanto, ordenará que se le remita el expediente a dicha autoridad judicial para que continúe con el trámite y profiera una decisión de fondo. Lo anterior, conforme a las previsiones tanto del artículo 86 de la Constitución como del Decreto 2591 de 1991.

 

16. Finalmente, se le advertirá tanto a la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado como a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali que, en lo sucesivo, se abstengan de: (i) promover conflictos aparentes de competencia que demoren las decisiones que debe adoptar como juez constitucional y (ii) desprenderse de la competencia con base en reglas de reparto. Lo anterior, en tanto esas conductas se oponen a la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional.

 

IV. DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE:

 

Primero. DEJAR SIN EFECTOS el Auto del 4 de septiembre de 2023 proferido por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado dentro de la acción de tutela promovida por la señora María Eugenia Motato Hernández contra la Sección Primera del Consejo de Estado y otros[19].

 

Segundo. REMITIR el expediente ICC-4521 a la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado para que, de manera inmediata, continúe con el trámite y adopte la decisión que corresponda.

 

Tercero. ADVERTIR a la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado y a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali que, en lo sucesivo, se abstengan de: (i) promover conflictos aparentes de competencia que demoren las decisiones que debe adoptar como juez constitucional y (ii) desprenderse de la competencia con base en reglas de reparto.

 

Cuarto. Por la Secretaría General de esta Corte, COMUNICAR la presente decisión a la accionante y a las Salas Civil y Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Presidenta

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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